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miércoles, 21 de marzo de 2018

Minjusticia radicó Proyecto de Ley de Depuración Normativa, que busca simplificar y racionalizar el ordenamiento jurídico colombiano

Bogotá, 21 de marzo de 2018. Acompañado por los senadores Carlos Alberto Baena López, Andrés García Zuccardi, Carlos Eduardo Enríquez Maya y Roosvelt Rodríguez Rengifo; y el representante a la Cámara Miguel Ángel Pinto Hernández, el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero,  radicó este miércoles en el Congreso de la República el Proyecto de Ley de Depuración Normativa.

Dicha iniciativa busca dar cumplimiento a la estrategia de fortalecimiento del principio de seguridad jurídica, dirigida a simplificar y racionalizar el ordenamiento jurídico colombiano mediante la expulsión definitiva de normas obsoletas, de acuerdo con el régimen constitucional vigente.

Desde 2014 el Ministerio de Justicia venía desarrollando el proceso de identificación de las normas para analizarlas y clasificarlas, teniendo en cuenta las causales de eliminación. Luego, las remitió a los 24 sectores de la administración pública, los cuales tomaron las decisiones finales con el aval de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y la Universidad del Rosario.

El estudio arrojó que 15.772 normas (10.686 leyes, 1.355 decretos leyes y 3.731 decretos legislativos) eran potencialmente depurables, y se propuso eliminar 11.819. “Con esta iniciativa el Gobierno Nacional espera eliminar normas vigentes desde el siglo 19, como la Ley 56 de 1878, por la cual se ordena educar por cuenta de la Nación a los hijos del señor Cecilio Torres; o la Ley 62 de 1887, en cuyo artículo 4º se prevé la prohibición de la importación de chinos para cualquier trabajo en el territorio colombiano”, explicó el Ministro Gil Botero.

Gracias a este proyecto de ley Colombia se pondrá a tono con países como Francia, donde recientemente se llevó a cabo un proceso de depuración normativa; Argentina, donde tenían más de 32.000 leyes y luego del ‘Digesto Jurídico’ dejaron solo el 10%; y Perú, donde se derogó el 34,7% de las normas.

La cartera de Justicia busca fortalecer el sistema normativo del país para ofrecer un mayor grado de seguridad jurídica a los ciudadanos, especialmente en temas de protección de los Derechos Humanos. “Todos los ciudadanos se verán beneficiados con esta iniciativa, pues la seguridad jurídica es supremamente importante. Este barrido nos permitirá tener un acervo normativo para no perdernos en esas casi 12.000 normas que causan caos. Quedaremos con las que realmente nos rigen”, puntualizó el alto funcionario.

Distribución de normas a depurar según el criterio adoptado:

·         Agotamiento de objeto o cesación de efectos 67%

·         Derogatoria orgánica 15%

·         No adopción como legislación permanente 6%

·         Obsolescencia 5%

·         Agotamiento del término definido en la norma 4%

·         Cambio de régimen constitucional 3%

Representación en cada sector administrativo:

·         Hacienda y Crédito Público 44%

·         Interior 11%

·         Transporte 8%

·         Justicia y del Derecho 8%

·         Defensa Nacional 5%

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