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Buen funcionamiento y descongestión judicial

Los elevados índices de congestión de casi todos los despachos judiciales del país han derivado en la imposibilidad de acceder oportunamente a la administración de justicia, mediante decisiones prontas y ágiles, lo que ha repercutido gravemente en la pérdida de eficacia los mecanismos judiciales que tienen los ciudadanos para proteger sus derechos, lo que finalmente se ha reflejado en una pérdida paulatina de confianza en el sistema.

Este pilar tiene como propósito garantizar a mediano y largo plazo, un acceso oportuno a la justicia y a la resolución de los conflictos, para fortalecer la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia.

Estas medidas incluyen:

1) La consagración de algunos principios constitucionales que orienten el ejercicio de esta función pública y garanticen la resolución de conflictos en tiempos razonables, y con criterios gerenciales.

2) El establecimiento de control y seguimiento efectivo a la gestión de los despachos judiciales

Dentro de las principales medidas encontramos:

Incorporación de los siguientes principios, como orientadores del ejercicio de la administración de justicia:

a) Carga laboral razonable.
b) Infraestructura y logística suficiente.
c) Óptima calidad de la decisión.
d) Transparencia y descongestión

Creación de una oficina de la Rama Judicial, encargada de hacer seguimiento continuo a la gestión de los despachos judiciales y de las demás que la integran.

Elaboración del plan estratégico con todas las instituciones que integran el sistema de justicia, para mejorar el oportuno acceso a la administración de justicia.

Elaboración del Plan de Descongestión de la Justicia, con plazo a 5 años, elaborado por el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las Altas Cortes y la Fiscalía General de la Nación.

En cuanto al buen funcionamiento de la administración de justicia, la reforma busca crear las condiciones para garantizar que sólo personas de las más altas calidades éticas, morales, intelectuales, profesionales y personales ejerzan la noble y delicada labor de impartir justicia. La función de impartir justicia conlleva una profunda vocación de servicio a la ciudadanía y encarna un privilegio al que sólo deben acceder quienes demuestren ser aptos para el cargo, no sólo por sus conocimientos académicos e intelectuales, -que deben ser lo suficientemente amplios como para alcanzar una decisión tan justa como sea posible-, sino también por sus cualidades éticas y personales, en otras palabras, a la magistratura deben llegar sólo quienes estén libres de toda tacha o cuestionamiento en su vida profesional. Para tal efecto, se proponen las siguientes medidas:

Reglamentación del procedimiento de elección de magistrados que integran las altas cortes, para incluir normas de transparencia y establecer plazos para suplir las vacancias con prontitud, y evitar las situaciones de interinidad prolongadas.

Se establece que las vacancias de los cargos de jueces se suplirán a través de listas de elegibles conformadas a partir del concurso respectivo.

Reglamentación para la elección de magistrados de las Altas Cortes, de los magistrados de tribunal y de jueces de la república.

Modificación del mecanismo de elección de los Magistrados de la Corte Constitucional.

Proscripción de afinidad política o ideológica como requisito para ser elegido magistrado de alguna de las cortes.

Se definen plazos máximos para suplir las vacancias de magistrados y de presidente de Alta Corte.

Se incorpora la experiencia relacionada como uno de los requisitos para aspirar a los cargos de cada una de las altas cortes.

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