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MinJusticia y PNUD entregan elementos de bioseguridad a comisarías de familia de 350 municipios
Margarita Ruiz Comunicaciones
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MinJusticia y PNUD entregan elementos de bioseguridad a comisarías de familia de 350 municipios

Las beneficiadas son las 170 poblaciones PDET de Colombia y otras 180 de quinta y sexta categoría. 

Bogotá, 16 de diciembre de 2020. Las comisarías de familia de los 170 municipios PDET de Colombia, y de otros 180 de quinta y sexta categoría, recibirán kits de bioseguridad de parte del Ministerio de Justicia y del Derecho y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia. 

De esta manera ambas entidades, al ofrecerles mejores medidas de protección y seguridad a las comisarías, fortalecerán las capacidades de las mismas y ayudarán a mantener la actividad presencial en ellas, contribuyendo de paso a consolidar la atención ciudadana y a proteger a los funcionarios de manera adecuada. 

En marzo del presente año, debido a la declaratoria de la cuarentena y a los aislamientos preventivos originados por la pandemia del Covid-19, las comisarías de familia privilegiaron la atención remota frente a la atención presencial, garantizando la continuidad del servicio y mitigando el riesgo de contagio.  

Los servicios de las comisarías de familia son esenciales y han tenido un reto adicional por causa de la pandemia. Durante el aislamiento preventivo obligatorio aumentaron los reportes de violencia intrafamiliar al menos en un 175%, de acuerdo con el Observatorio Colombiano de las Mujeres y las llamadas de alerta a la línea 155, habilitada por el Gobierno Nacional para atender este tipo de denuncias.  

De acuerdo con el Ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, la intervención oportuna de las comisarías de familia facilita eliminar el riesgo de sufrir violencias o hacer que ellas cesen en el hogar.   

“Sabemos que las alcaldías vienen atendiendo este deber con diligencia y que no resulta sencillo satisfacer estas necesidades. No obstante, desde el Ministerio de Justicia, en alianza con PNUD, hemos querido aportar a la generación de condiciones adecuadas para la labor de las comisarías de familia ubicadas en municipios PDET y en otros territorios priorizados, llegando a un total de 350 municipios, a través de la adquisición y distribución de kits de bioseguridad”, destacó el alto funcionario.

En este contexto, la cartera de Justicia y el PNUD dotarán a las comisarías de familia con elementos como tapabocas, gel antibacterial, termómetros, tapetes sanitizantes y dispositivos de protección facial. 

Dichos elementos garantizarán la atención al público en las comisarías con todas las medidas de bioseguridad, protegiendo la salud de los servidores públicos y de las comunidades que demandan sus servicios para atender no solo situaciones de violencia intrafamiliar y violencia basada en género, sino también, para prevenirlas. 

“Desde el PNUD hemos apoyado a todos los actores nacionales y locales para la adopción de medidas ante la pandemia del COVID-19. Queremos que puedan atender la emergencia y contribuyan a la recuperación temprana aprendiendo a gestionar en la complejidad y orientándose hacia una acción social y económica sostenible para que ningún territorio se quede atrás. Debemos abordar los impactos de esta crisis sin descuidar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, afirmó Jessica Faieta, representante Residente del PNUD en Colombia. 

Cabe anotar que los municipios PDET son aquellos en los que se aplican los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, es decir, en los que se ponen en marcha con mayor celeridad los instrumentos de la Reforma Rural Integral por ser los territorios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional.  

Y que los municipios de quinta categoría son los que tienen una población entre 10.000 y 20.000 habitantes, con ingresos anuales entre 15.000 y 25.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los de sexta registran una población igual o inferior a 10.000 habitantes y sus ingresos anuales no superan los 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

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