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Aprobado en tercer debate proyecto de ley que regula funcionamiento de los consultorios jurídicos
Margarita Ruiz Comunicaciones
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Aprobado en tercer debate proyecto de ley que regula funcionamiento de los consultorios jurídicos

Bogotá, 5 de agosto de 2020. La Comisión Primera del Senado aprobó este miércoles, en tercer debate, el proyecto de ley que regula el funcionamiento de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior, una iniciativa del Ministerio de Justicia y del Derecho. 

De acuerdo con Margarita Cabello Blanco, titular de la cartera, el proyecto surge como respuesta a las demandas ciudadanas y a las inquietudes expresadas por la comunidad académica en relación con las funciones y competencias de dichos consultorios. “Es importante que se fortalezcan y que no estén marginados dentro de las universidades, para que puedan cumplir la función social por la cual están creados”, señaló. 

Para la alta funcionaria, los ajustes que se plantean están relacionados con la protección a los grupos en situación de vulnerabilidad, un compromiso del Estado colombiano para satisfacer el derecho a la igualdad. “Los ejes temáticos del proyecto buscan empoderar a las universidades públicas o privadas con el fin de que puedan resolver las problemáticas del ciudadano vulnerable”, aseguró. 

Dentro de los propósitos del proyecto de ley se destacan diversos ejes estratégicos: el papel del consultorio jurídico como escenario de aprendizaje práctico, la promoción del acceso a la justicia, el posicionamiento del consultorio jurídico a nivel territorial y la interacción de estos centros con la institucionalidad. 

Por su parte la Viceministra de Promoción de la Justicia, Juanita López Patrón, señaló que la iniciativa también plantea promover la innovación jurídica, dar voz a la ciudadanía, revisar las competencias de los consultorios jurídicos en materia de representación de terceros y fortalecer los vínculos entre dichos consultorios y el Ejecutivo. 

En términos generales el proyecto se concibe como una estrategia para fortalecer el Sistema de Justicia, particularmente en consonancia con la articulación de la oferta de justicia a nivel territorial que establece el Gobierno Nacional conforme a las bases del Plan Nacional de Desarrollo. 

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