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“La especialidad agraria llevará a las zonas rurales una oferta de justicia especializada en las controversias sobre propiedad, uso y tenencia de la tierra”: Viceministra de Justicia
Margarita Ruiz Comunicaciones
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“La especialidad agraria llevará a las zonas rurales una oferta de justicia especializada en las controversias sobre propiedad, uso y tenencia de la tierra”: Viceministra de Justicia

Bogotá, 5 de octubre de 2020. El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, afirmó hoy que la vigencia en Colombia de una Especialidad Agraria será una herramienta clave para avanzar en el desarrollo rural y cerrar, más allá del discurso, las brechas sociales y económicas entre el campo y la ciudad.  

Por su parte, la Viceministra de Promoción de la Justicia, Juanita López Patrón, aseguró que esta es la oportunidad para que la justicia llegue al campesino y le facilite la resolución de sus controversias. 

“Este proyecto de ley propone las medidas concretas que se necesitan para superar los obstáculos que históricamente han existido en torno al acceso a la justicia y a la tierra, y que apuntan a la especialidad de los jueces, la cercanía que deben tener con las zonas rurales y sus dinámicas, la necesidad de privilegiar la solución conciliada de las controversias, así como un proceso  ágil y atento a la situación particular de los campesinos, en especial de las mujeres rurales”, señaló la alta funcionaria, quien añadió que “este es un proyecto que entiende cuáles son los obstáculos y cómo debemos superarlos”, señaló.  

Emilio Archila recordó que es un compromiso del Gobierno Nacional avanzar en la implementación de la política de Paz con Legalidad, por lo que el Ministerio de Justicia y otras entidades impulsan en el Congreso de la República el proyecto de ley que pretende acercar la justicia al ciudadano del campo con el fin de facilitarle la resolución de conflictos en el uso y tenencia de tierras, especialmente en las zonas más apartadas de Colombia. 

En ese contexto, el gobierno del Presidente Duque radicó el Proyecto de Ley 134 de 2020 Cámara,   “por el cual se crea una especialidad judicial rural y agraria, se establecen los mecanismos para la resolución de controversias y litigios agrarios y rurales y se dictan otras disposiciones”, cuyos coordinadores ponentes son los Representantes Álvaro Hernán Prada y Juanita Goebertus, quienes preparan  ponencia para primer debate en el órgano legislativo. 

La iniciativa -enmarcada en la política de Paz con Legalidad- desarrolla una especialidad que garantiza una cobertura nacional y permanente, priorizando la intervención en los municipios PDET con enfoque poblacional y diferencial y estableciendo instrumentos que permitan su gratuidad, agilidad y facilidad al campesino que por años ha padecido la ausencia de justicia.  

El proyecto de ley permitirá que se avance en asuntos como la regularización y protección de los derechos de propiedad, se promueva el uso adecuado de la tierra, se mejoren la planificación y el ordenamiento, se prevengan y mitiguen los conflictos de uso y tenencia y se contribuya a solucionar los conflictos que amenacen o limiten la producción de alimentos. 

Uno de los principales propósitos es hacer más eficaz la justicia que llega al ciudadano, para lo cual se propone la creación de despachos judiciales tanto en la jurisdicción ordinaria como en la contenciosa administrativa. Habrá un facilitador que será el interlocutor entre el ciudadano y el despacho judicial; un conciliador en derecho que buscará solucionar el conflicto para evitar que se inicie el proceso judicial; y un despacho itinerante que permitirá que el juez se traslade al lugar que es objeto de la controversia judicial para resolver de forma ágil la contingencia en el sitio.  

El Consejero Archila y la Viceministra López destacaron que un punto importante del proceso tiene que ver con la aplicación de justicia con enfoque de género, y en ese sentido el proyecto de ley establece diversos beneficios para las mujeres campesinas, afectadas históricamente por la dificultad para tener acceso a la tierra, según el diagnóstico que arrojó un trabajo conjunto entre los ministerios de Justicia y Agricultura con organizaciones de mujeres rurales. 

Así las cosas, para ellas se flexibilizan los requisitos y las pruebas que hay que aportar para demostrar su derecho. Igualmente, se prevé un acompañamiento por parte de las organizaciones o asociaciones de mujeres que puedan coadyuvar la demanda sin necesidad de la demostración de la existencia de una relación sustancial. 

Otro de los temas fundamentales para agilizar la justicia en el territorio es que el proyecto se armoniza con los asuntos ambientales e incluye no solo los derechos a la tierra. Ahora el juez agrario podrá conocer de asuntos ambientales cuando sea necesario para la definición del conflicto agrario o rural, lo cual garantiza una decisión no solo conforme a derecho, sino sobre todo, ajustada al entorno de los territorios. 

 

 

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