- Colombia expuso ante CICAD la nueva visión de la Política Nacional de Drogas, basada en los derechos humanos, el cuidado de vida, la salud pública y el medioambiente.
- El Gobierno colombiano presentó la Ley de Utilidad Pública, busca que las mujeres condenadas por algunos delitos puedan ser beneficiadas pagando su condena, fuera de la cárcel, con trabajo comunitario.
- En este período de sesiones Perú presentó el informe de la presidencia 2023-2024, y entregó a Colombia, actual vicepresidente, la presidencia para el período 2024 -2025.
Washington D.C., 22 de noviembre de 2024. El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, expuso ante los miembros de la 76 sesión ordinaria de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) la nueva visión de la Política Nacional de Drogas 2023 – 2033 'Sembrando vida, desterramos el narcotráfico', la cual se basa en el respeto y garantía de los derechos humanos, así como el cuidado de vida, la salud pública y el medioambiente. También presentó el proyecto de aplicación de la ley penal con enfoque diferencial, dirigido a mujeres privadas de la libertad que pueden purgar su pena, fuera de las cárceles, a través de trabajo comunitario y previo cumplimiento de unos requisitos exigidos por la ley.
El viceministro (e) de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Diego Olarte, asistió como delegado del MinJusticia y fue el encargado de exponer, junto con delegados de Cancillería, y de los Ministerios de Defensa y de Salud, los novedosos enfoques de la política de drogas del país.
Durante el panel de drogas y derechos humanos que se realizó este miércoles 20 de noviembre, el viceministro Olarte Rincón, manifestó que la política de drogas incorpora las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas, promovidas por entes como la Organización de la Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, lo cual se configura como un hito a nivel internacional en la materia y demuestra el compromiso del Gobierno de Colombia frente a una política para el abordaje del fenómeno de las drogas que garantiza los derechos humanos, pone en el centro a las personas y contempla los principios de dignidad, universalidad, no discriminación, participación y acceso a recursos efectivos, integrándolos en todas sus estrategias y acciones.
En dicha perspectiva, uno de los asuntos en los que más se llamó la atención fue en la promoción e impulso de proyectos de transformación territorial que integran el acceso a tierras, el respeto y cuidado del medio ambiente, el desarrollo de infraestructura vial, productiva y comunitaria, así como en el fortalecimiento de capacidades técnicas de las comunidades para que transiten a alternativas económicas en el marco de la legalidad.
El alto funcionario también explicó que el Estado colombiano ha buscado respuestas penales diferenciadas para casos como el de las mujeres que, en su condición de marginalidad y de cabeza de familia, terminan instrumentalizadas por las organizaciones criminales y en la cárcel.
En este sentido, señaló que el Gobierno ha promulgado la Ley de Utilidad Pública, la cual busca que las mujeres condenadas por delitos asociados a estupefacientes, hurto o penas menores o iguales a ocho años puedan ser beneficiadas terminando de pagar su condena con trabajo comunitario. En la actualidad hay 89 mujeres beneficiadas con esta ley y que se encuentran conmutando su pena con acciones y servicios útiles a la sociedad en general.
Por su parte, el director de Política de Drogas y Actividades Relacionadas, Alexánder Rivera Álvarez, participó virtualmente liderando el panel 'Desarrollo Alternativo: enfoques innovadores en contextos rurales y urbanos', en el que presentó los principales metodologías implementadas, en el marco de la política de drogas de Colombia, para los contextos rural y urbano:
- En el ámbito rural se ha desarrollado un modelo de escuela de liderazgo, así como la conservación del medioambiente y las soluciones basadas en la naturaleza.
- En el contexto urbano se ha fortalecido la economía popular, la cultura de pedagogía de paz.
- Como componentes transversales a lo rural y urbano se contemplan la generación de evidencia y gestión del conocimiento, así como los métodos alternativos de solución de conflictos y seguridad.
Dentro de lo planteado por el director de Política de Drogas, reiteró que la transformación territorial, tanto en ámbitos rurales como urbanos, es el camino correcto para mitigar las vulnerabilidades territoriales que se han identificado como determinantes de las economías ilegales.
Además, el director señaló que esa transformación se logra a partir de una articulación y coordinación institucional efectiva que permita el acceso efectivo a la tierra, la dotación de los predios con proyectos productivos, construcción de infraestructura productiva, vial y comunitaria que genere sostenibilidad de los procesos, capacidades locales para gestionar el territorio, seguridad territorial, y cuidado ambiental como pilar tanto de cadenas productivas como de sostenibilidad de las áreas de especial interés ambiental.
A este foro político sobre drogas también se llevó la discusión sobre los usos legales de la hoja de coca, partiendo de la solicitud de revisión hecha por Bolivia ante Naciones Unidas y la adhesión de Colombia a dicha solicitud.
En este período de sesiones Perú presentó el informe de la presidencia 2023-2024, y entregó a Colombia, actual vicepresidente, la presidencia para el período 2024 -2025.
