- Esta nueva legislación también introduce cambios fundamentales en el proceso de selección de magistrados para las Altas Cortes.
- La ley facilita que las actuaciones judiciales puedan realizarse de manera virtual.
- La legislación sancionada consolida la administración de justicia como un servicio público esencial que debe prestarse de manera continua e ininterrumpida.
Bogotá D. C., 9 de octubre de 2024. El presidente Gustavo Petro sancionó la nueva Ley de Administración de Justicia, una reforma clave que busca transformar y fortalecer el sistema judicial en Colombia, y garantizar mayor eficiencia en la prestación de estos servicios. Estas son algunas de las medidas principales que plantea la nueva legislación:
Modernización de la justicia
Uno de los principales asuntos que contempla esta ley es la modernización y el fortalecimiento de la justicia digital, con la incorporación de nuevas tecnologías que permitan monitorear la gestión de dependencias y despachos, así como gestionar trámites y actuaciones judiciales de manera virtual para todas las entidades públicas y la ciudadanía.
Con esta medida se busca garantizar el acceso a la justicia a todo el país, especialmente en zonas rurales donde persisten barreras geográficas, financieras y de seguridad, además de mejorar la gestión administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Cabe destacar que los jueces podrán decidir si las pruebas se practican de manera presencial o virtual, salvo en juicios orales penales, que serán presenciales excepto por fuerza mayor.
Mayor transparencia en la elección de magistrados
Esta nueva legislación introduce cambios clave en la selección de magistrados de las Altas Cortes, con un enfoque en la transparencia y la participación ciudadana. Se establecen reglas claras en la formación de listas de candidatos, asegurando un control público riguroso y que los magistrados seleccionados cuenten con méritos comprobables. Además, la ley garantiza la equidad de género en el proceso.
Derechos de los funcionarios de carrera
La normativa también refuerza los derechos de los funcionarios de carrera dentro de la Rama Judicial, al otorgarles mayores posibilidades para ocupar otros cargos. Esto incentiva el mérito y la movilidad dentro del sistema.
Consolidación de la administración de justicia
La ley consolida la administración de justicia como un servicio público esencial, garantizando su continuidad e incluyendo la protección de derechos fundamentales como el habeas corpus. Además, reafirma el derecho a la huelga en estos servicios, exigiendo que se mantengan servicios mínimos para evitar interrupciones completas e indefinidas en la justicia.
Fortalecimiento de la Defensoría Pública
En el ámbito de la Defensoría Pública, la ley reconoce su papel esencial para garantizar el acceso a la justicia, particularmente en áreas rurales. Se establece que cada municipio debe contar con una oficina de defensoría, compuesta por un defensor municipal y un defensor público, para asegurar que cualquier persona, independientemente de su situación, pueda recibir apoyo legal.
Inclusión de magistrados de descongestión
Adicionalmente, se permitirá la inclusión de magistrados de descongestión en la Sala Laboral, lo que ayudará a aliviar la carga laboral en los casos más atrasados.
Métodos alternativos de solución de conflictos
Por último, esta ley pone especial énfasis en el fortalecimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos (MASC). El Ministerio de Justicia estará obligado a realizar un seguimiento y evaluación periódica de las medidas adoptadas en este ámbito, rindiendo informes al Congreso de la República cada dos años.
La Ley de Administración de Justicia implementa reformas esenciales para optimizar la gestión judicial en Colombia y anticipa transformaciones a largo plazo en la modernización de sistemas de información y en la promoción de la equidad de género. Esta sanción refleja el compromiso del Gobierno con una justicia eficiente y accesible para toda la ciudadanía, especialmente en las regiones más vulnerables.
