Bogotá, 5 de diciembre de 2023. La ley que otorga al Ministerio de Justicia, a través
de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), la capacidad
de mantener el servicio de alimentación en estaciones de policía y Unidades
de Reacción Inmediata (URI) hasta el 30 de junio de 2025, fue aprobada por
unanimidad en la plenaria del Senado de la República.
Posterior al 30 de junio de 2025, la responsabilidad de alimentar a los
privados de la libertad en las URI y estaciones de policía recaerá en los
municipios y departamentos, conforme a la orden de la Corte Constitucional
en 2022.
Actualmente, 17 mil personas privadas de la libertad reciben alimentación de
la Uspec en las URI y estaciones de policía. La asignación presupuestal para
alimentación de personas privadas de la libertad tanto en centros de
detención transitoria como en cárceles del Inpec en 2023 es de seiscientos
cuarenta y siete mil millones de pesos ($647.000.000.000), destinando
noventa y dos mil novecientos cincuenta y seis millones novecientos veinte
mil setenta y ocho pesos ($92.956.920.078) para centros de detención
transitoria durante dicho año.
Para 2024, se proyecta un presupuesto de seiscientos setenta mil seiscientos
cincuenta y seis millones ciento ochenta y nueve mil ciento sesenta y tres
pesos ($670.656.189.163) para el servicio de alimentación.
La ley, compuesta por solo cuatro artículos, busca evitar un cese en la
prestación del servicio, asegurando los derechos fundamentales de quienes
están detenidos preventivamente en centros transitorios.
El proyecto fue elaborado en colaboración armónica con entidades
territoriales, resultado de mesas de trabajo convocadas por el Ministerio de
Justicia, con la participación de la Uspec, Asocapitales, Asointermedias,
Fedemunicipios, Fedepartamentos, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría
General de la Nación.
Esta ley solo espera la conciliación de Senado y Cámara, así como la firma
del presidente de la República.
