- Esta política tendrá dos dimensiones de intervención en los territorios. 'Asfixia' para desarticular organizaciones criminales vinculadas al mercado ilícito de drogas para garantizar paz y seguridad y 'Oxígeno' para impulsar economías lícitas y alternativas para promover desarrollo en las comunidades.
- La Política Nacional de Drogas 2023 – 2033 'Sembrando vida desterramos el narcotráfico' fue construida en conjunto con más de 2.700 líderes y lideresas sociales y 274 organizaciones del territorio nacional.
- Por primera vez, en medio siglo, las personas, comunidades y los territorios afectados por el narcotráfico y que históricamente habían sido olvidados, son los protagonistas de la Política Nacional de Drogas.
Puerto Asís, Putumayo, 29 de agosto de 2023. El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Eduardo Umaña Hernández, anunció que en septiembre de este año el Gobierno del Cambio presentará la nueva Política de Drogas 2023 – 2033 'Sembrando vida desterramos el narcotráfico', una estrategia que fue construida en conjunto con más de 2.700 líderes y lideresas sociales y 274 organizaciones del territorio nacional; y que está orientada hacia el cuidado de la vida, el medioambiente y la lucha frontal contra el narcotráfico.
Durante el espacio de diálogo con las comunidades sobre la construcción de la política de drogas, que se llevó a cabo en Puerto Asís, Putumayo, el viceministro Camilo Umaña y la directora de Política de Drogas y Actividades Relacionadas, Gloria Miranda Espitia, socializaron con la comunidad el proceso de elaboración de esta política basada en los hitos y fundamentos del Plan Nacional de Desarrollo, que buscan garantizar la justicia social y la equidad para el bienestar de la ciudadanía.
“Nos dimos a la tarea de elaborar una política de drogas que cumpliera con los estándares de un diálogo continuo con la comunidad internacional y un diálogo cercano con las comunidades. No queríamos la construcción de una política desterritorializada, desde los escritorios, dándoles la espalda a los problemas concretos de las comunidades; sino lo contrario, acudir a los territorios”, señaló Camilo Umaña.
Según explicó el viceministro, la nueva política de drogas se enfoca en dos dimensiones fundamentales de intervención en los territorios. La primera, conocida como 'asfixia', tiene como objetivo reducir la influencia y capacidad de organizaciones criminales que se benefician del mercado ilícito de las drogas y que han perpetuado violaciones de derechos humanos. La meta es desarticular estas organizaciones y crear condiciones de paz y seguridad en las comunidades.
La segunda dimensión, denominada 'oxígeno' busca impulsar la transformación territorial a través de la promoción de economías lícitas y alternativas. Esta estrategia tiene como propósito brindar opciones de desarrollo a las comunidades, generando un ambiente de convivencia, seguridad y derechos humanos.
“El sueño y el anhelo de nosotros los campesinos ha sido cambiar esta política, pero anteriormente no hubo ninguna solución. Estoy muy de acuerdo con el Gobierno cuando habla de cambiar la política de la persecución contra la droga. Aquí lo que hay es una implementación y articulación con todas las instituciones que significa una solución definitiva”, manifestó Ricardo Narváez, miembro de la comunidad.
Un trabajo desde los territorios
La directora de la Política de Drogas y Actividades Relacionadas, Gloria Miranda, resaltó la importancia de este proceso como una oportunidad histórica para que las comunidades afectadas por el narcotráfico y el conflicto armado sean protagonistas del cambio. En su intervención, destacó que el Gobierno nacional se ha dirigido directamente a estas comunidades para escuchar sus expectativas.
De acuerdo con Gloria Miranda, el proceso de construcción de la política de drogas inició con la Resolución 01 de 2023, que expidió el Consejo Nacional de Estupefacientes y que dio paso a tres espacios fundamentales:
Espacios de participación popular: se realizaron 27 espacios en 17 departamentos y Bogotá, con la participación de más de 2.700 personas. Se priorizó la participación de mujeres e indígenas, así como de comunidades negras y afrodescendientes.
Espacio de territorio y comisión mixta: se conformó una comisión de 32 delegados para dialogar de manera cercana con representantes de diversos sectores de la sociedad civil. Esta comisión respaldó la política de drogas y asesorará su implementación.
Espacios de articulación interinstitucional: más de 60 mesas con distintas instituciones y ministerios se llevaron a cabo para formular de manera articulada y coordinada la política.
“El gobierno de Gustavo Petro ha sido muy incluyente, entonces este espacio de diálogo me parece una muy buena actividad. Yo pienso que vamos por buen camino para hacer una construcción de una política de drogas que va a ser en pro de la comunidad en general. Por lo menos ha tenido en cuenta la comunidad, que eso ya es un paso importante que en otros gobiernos no se veía”, comentó Milena Guerrero, miembro de Moviccaap, el movimiento campesino cocalero y ambiental del Putumayo.
Camilo Umaña agregó que la cooperación internacional también fue esencial para la construcción de esta política. El proceso contó con el apoyo entidades e instituciones como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la ONU, el Instituto Kroc, Institute for Integrated Transitions, Nuestra Tierra Próspera, la academia, y embajadas como la de Suecia y Estados Unidos.
La construcción participativa y territorial ha sido clave para asegurar que la nueva política de drogas sea una respuesta real a las necesidades de las comunidades. El compromiso del Gobierno nacional es garantizar la justicia social, la seguridad humana y el cuidado del entorno, y esta política es un paso importante hacia ese objetivo.
En el siguiente video reviva la transmisión de la rendición de cuentas sobre la construcción de la Política Nacional de Drogas 2023 - 2033 'Sembrando vida desterramos el narcotráfico'.
