El funcionamiento del Sistema Local de Justicia debe ser a través de la operatividad del Comité Local de Justicia (CLJ) o del Comité Departamental de Justicia (CDJ). Estas instancias de coordinación en el acceso a la justicia deben ser lideradas por la alcaldía municipal o la gobernación departamental, en articulación permanente con los operadores de justicia presentes en el municipio, en el departamento y en la Nación.
Ámbito departamental.
En este nivel funciona el Comité Departamental de Justicia (CDJ) conformado por los actores de justicia. El criterio de asociación de los actores de justicia para esta instancia obedece al ámbito de acción de sus funciones legalmente establecidas; de tal suerte que solo operan a nivel departamental.
Entre los diferentes actores encontramos autoridades de las Ramas del Poder Público, el Ministerio Público, los organismos de control y las organizaciones civiles.
La función principal del CDJ es servir de intermediario entre la Nación y los municipios con dos fines básicos:
- Diseñar y alcanzar acuerdos que redunden en la prestación efectiva de los servicios que proveen los miembros.
- Gestionar acciones para la provisión de recursos.
El CDJ representa un escenario para que los actores de justicia alcancen acuerdos que incidan en la eficiente administración de justicia conforme la conflictividad en la comunidad.
Ámbito municipal.
A nivel municipal funciona el Comité Local de Justicia (CLJ), atendiendo igualmente a un criterio de descentralización de funciones para su conformación por parte de los actores de justicia, cuyo ámbito de acción se circunscribe a los municipios.
El CLJ tiene cuatro funciones básicas, a saber:
- Planificar acciones para alcanzar acuerdos de trabajo colaborativo.
- Divulgar los compromisos y las obligaciones que se acuerden entre los actores de justicia.
- Apoyar la ejecución del plan estratégico que corresponde a las instituciones que integran el sistema.
- Proveer recursos técnicos, financieros y humanos para prolongar su sostenimiento.
El CLJ está llamado a constituir un escenario institucional en el que se ventilan y se discuten los ajustes y las acciones que posibilitan las políticas, los programas, los
proyectos y las rutas en torno al funcionamiento y el acceso a la administración de justicia, sin que llegue a un nivel de operación tan puntual en el que preste directamente un servicio público específico o sectorial.
